Cuando hablamos de los “beneficiarios reales” de las empresas, nos referimos a la identidad de las personas naturales o los verdaderos propietarios. A menudo no está claro quiénes son los verdaderos dueños, ya que pueden estar ocultos detrás de cadenas de sociedades ficticias. Esto puede representar un particular desafío en las industrias extractivas, en donde la cuestión de saber quién posee los derechos a extraer petróleo, gas y minerales es fundamental a los fines de lidiar con los riesgos de corrupción o los conflictos de interés.

Los proyectos de petróleo, gas y minería pueden generar grandes beneficios económicos tanto para las empresas extractivas como para los gobiernos. Sin embargo, cuando la gobernanza es débil, puede ocurrir que a las empresas se les otorgue acceso a proyectos extractivos lucrativos por motivos injustos. Esto podría deberse a que sus propietarios tienen contactos políticos o a que están dispuestos a participar en negocios cuestionables para generar ganancias rápidamente.

La protección del anonimato puede desalentar las inversiones y dificultar la lucha contra la corrupción. Además, puede dar lugar a que los transgresores se escondan detrás de una cadena de empresas que a menudo están inscriptas en una multiplicidad de jurisdicciones. 

La información sobre los beneficiarios reales favorece los esfuerzos contra la corrupción a lo largo de la cadena de valor, desde la concesión de licencias hasta el cierre de los proyectos.

Se estima que los países en desarrollo han perdido USD 1 billón por año desde el 2011 como consecuencia de negocios corruptos o ilegales, muchos de los cuales involucran a empresas anónimas.

La atención dedicada a escándalos financieros como el de los Panama Papers y la reducción del margen para ocultar dinero en paraísos fiscales hace que se ponga la mirada en casos específicos de abusos. Sin embargo, estos esfuerzos por sí solos no pondrán fin a la corrupción. Deben ir acompañados de mejores normas y medidas para hacer cumplir la ley en los países donde se genera el dinero. Y es por esta razón que son tan importantes los requisitos del EITI referentes a los beneficiarios reales.

Beneficios para la ciudadanía

• Una vez publicada la información sobre los beneficiarios reales, la ciudadanía puede utilizarla para trabajar con las autoridades de aplicación de la ley, la sociedad civil y demás actores con el fin de tomar medidas para responsabilizar a quienes hacen un uso indebido de las empresas anónimas.

• La existencia de mayor transparencia en torno a los verdaderos dueños puede mejorar la confianza y la rendición de cuentas en favor de los ciudadanos y sus gobiernos.

Beneficios para las empresas

• La ocultación de la titularidad plantea problemas para las empresas honestas, puesto que no saben con quién están haciendo negocios. La divulgación de los verdaderos propietarios ayuda a generar un contexto de igualdad de condiciones para todas las empresas y les permite saber con quiénes están haciendo negocios.

• La transparencia acerca de los dueños reales puede reducir los riesgos financieros y reputacionales.

Beneficios para los Gobiernos

• La transparencia respecto de los beneficiarios reales contribuye a evitar conflictos de interés y puede ayudar a garantizar el cumplimiento de las disposiciones anticorrupción.

• Esta transparencia ayuda a evitar la evasión fiscal y garantiza que los gobiernos perciban los ingresos que les corresponden.

• Además, ayuda a los gobiernos a obtener el mayor provecho de sus contratos extractivos y mejora la recaudación de ingresos.

En colaboración con Directorio Legislativo, el EITI participó con éxito en el desafío del FMI de 2020. El concepto consistía en un sistema destinado a identificar los riesgos de corrupción relacionados con las personas expuestas políticamente (PEP). El proyecto —“Joining the dots with PEPs” (Unir los puntos con las PEP)— combinó la información sobre beneficiarios reales con otros conjuntos de datos para realizar una verificación cruzada de posibles señales de alerta que apunten a la existencia de riesgos de corrupción en relación con el otorgamiento de licencias y la celebración de contratos.

Nuestro proyecto piloto generó resultados alentadores, señalando 19 casos de potenciales conflictos de interés a partir de la pequeña muestra de 900 funcionarios públicos incluida en esta prueba. En la actualidad, estamos trabajando para implementar plenamente este sistema en Colombia, que se estrenará en 2021. Esto incluirá la totalidad de nuestra base de datos de 9000 funcionarios públicos y nos dará la posibilidad de dar rienda suelta al potencial del sistema como herramienta de buena gobernanza para la identificación de riesgos de corrupción.

El Requisito 2.5 del Estándar EITI especifica qué harán los países para revelar los beneficiarios reales:

a) Se recomienda que los países implementadores mantengan un registro accesible al público de los beneficiarios reales de la(s) entidad(es) corporativa(s) que aplique o tiene interés en aplicar para una licencia o contrato de exploración o producción de petróleo, gas o minerales, incluyendo la identidad de su(s) beneficiario(s) real(es), el grado de participación en la titularidad así como detalles sobre cómo se ejerce la titularidad o el control.

b) Se requiere que los países implementadores documenten la política gubernamental y el debate del grupo multipartícipe sobre la divulgación de beneficiarios reales.

c) A partir del 1 de enero de 2020, los países implementadores deberán solicitar, y las compañías deben divulgar públicamente, información sobre los beneficiarios reales.

d) La información sobre la identidad del beneficiario real debe incluir el nombre del beneficiario real, su nacionalidad y su país de residencia; además, debe identificar a toda persona políticamente expuesta. También se recomienda divulgar su número de identificación nacional, la fecha de nacimiento, el domicilio oficial o de residencia, y medios de contacto.

e) El grupo multipartícipe debe evaluar todo mecanismo existente destinado a asegurar la fiabilidad de la información sobre beneficiarios reales y acordar un proceso para que las entidades corporativas comprendidas dentro del alcance del 2.5(c) aseguren la exactitud de la información sobre beneficiarios reales que proporcionen.

Ver los detalles completos del requisito 2.5.

En este enlace puede consultarse una guía acerca de cómo se valida este requisito. El Secretariado Internacional ha elaborado dos formularios modelo de declaración de beneficiarios reales (descargue aquí) para apoyar la implementacion del requisito 2.5 del Estándar EITI que los países implementadores pueden considerar utilizar.